Esta sección establece que, a menos que una ley diga específicamente lo contrario, la cantidad y la forma en que se les paga a los abogados depende del acuerdo entre las partes involucradas, ya sea por escrito o de forma implícita. Sin embargo, las personas en acciones legales aún pueden recuperar sus costos legales según se describe en otra parte.

Esta ley permite que un tribunal ordene a la parte perdedora pagar los honorarios de abogados de la parte ganadora cuando un caso ha logrado hacer cumplir un derecho público importante. Esto puede ocurrir si el caso benefició a muchas personas y fue necesario, pero costoso de hacer cumplir de forma privada. Los honorarios no deben provenir de ningún dinero recuperado, si corresponde. La norma se aplica principalmente contra entidades gubernamentales, no a su favor, y no es necesario presentar reclamaciones especiales a menos que ambas partes sean organismos gubernamentales. Además, cuando las entidades gubernamentales reciben honorarios de abogados, el monto no puede ser modificado por factores externos.

Esta ley permite que un tribunal conceda honorarios de abogado a alguien que gane una reclamación de indemnización implícita. Esto ocurre si la persona tuvo que emprender acciones legales para proteger sus intereses debido a la mala conducta de otra persona, y el responsable fue notificado pero no intervino. Además, la persona debe ser declarada sin culpa en el caso original o ganar ciertos fallos favorables.

Esta ley permite que un tribunal ordene a la parte perdedora pagar los honorarios del abogado de la parte ganadora si determina que una demanda contra un oficial de policía o su empleador no fue presentada con intenciones honestas o una razón legítima. Esto se aplica a demandas relacionadas con las acciones de un oficial de policía o a casos de difamación, como la difamación escrita (libelo) o verbal (calumnia).

Si el Fiscal General de California gana una demanda relacionada con secciones específicas de varios códigos, el tribunal debe ordenar que la parte perdedora pague todos los costos del caso, incluyendo los gastos de investigación, de peritos y de abogados. Estos costos se destinan a un fondo especial para la aplicación de la ley de derechos públicos. Esta norma se aplica a las demandas existentes en la fecha de entrada en vigor de la ley y a cualquier demanda nueva presentada posteriormente.

Esta ley establece que si California emprende acciones legales contra alguien por no seguir una ley federal específica de EE. UU. sobre la venta de cigarrillos (la Ley Jenkins), y California gana cualquier parte del caso, el tribunal debe hacer que la parte perdedora pague los honorarios legales de California. Estos honorarios se suman a cualquier otra sanción o medida permitida por otras leyes.

Esta ley establece que si alguien —ya sea una persona, empresa, abogado o bufete de abogados— intenta impedir que California aplique las leyes sobre armas de fuego mediante una acción judicial, será responsable de pagar los honorarios y costas legales de la parte ganadora. Si un tribunal desestima su caso o falla en su contra, la parte contraria se considera la ganadora. La parte ganadora puede entonces demandar para recuperar los honorarios legales dentro de los tres años posteriores a que la decisión judicial sea firme. Incluso si la parte ganadora no solicitó los honorarios en el primer caso o si el tribunal no estuvo de acuerdo con esta norma, aún puede reclamar sus costas más tarde. Además, quienes impugnan estas leyes sobre armas de fuego no pueden ser considerados la parte ganadora bajo esta norma ni ninguna otra ley relacionada.

Si demandas a varias personas por separado por el mismo asunto, como una deuda o un contrato, solo podrás recuperar los costos judiciales en uno de esos casos. Sin embargo, aún puedes reclamar cualquier gasto en el que hayas incurrido en cada demanda individual. Esto solo se aplica si todos los demandados podrían haber sido incluidos en una sola demanda y se encontraban en el estado cuando iniciaste el primer caso.

Esta ley establece que el tribunal decide cuánto se les paga a los árbitros basándose en el tiempo que trabajan, a menos que todas las partes involucradas acuerden por escrito pagar una cantidad diferente. Si acuerdan una tasa diferente, esa tasa se utilizará en su lugar.

Si le pides al tribunal que retrase un juicio, el tribunal puede decidir exigirte que pagues cualquier costo adicional causado por el retraso si lo aprueban.

Si alguien demanda por dinero y la persona demandada (el demandado) puede demostrar que ofreció la cantidad total que debía antes de que comenzara la demanda y depositó esa cantidad en el tribunal, la persona que demanda (el demandante) no recuperará las costas judiciales y, en cambio, deberá pagar las costas del demandado.

Esta ley explica que cuando un caso involucra a alguien que administra los intereses de otra persona, como una herencia o un fideicomiso, esa persona puede recuperar los gastos legales de la misma manera que si estuviera manejando su propio caso. Sin embargo, estos gastos deben cargarse a la herencia, al fideicomiso o a la parte que representan. Si el tribunal determina que el administrador actuó de manera deficiente o con mala fe, podría tener que pagar esos gastos personalmente.

Esta ley establece que cuando un tribunal superior revisa una decisión de un tribunal inferior, y esto no se hace mediante una apelación, los costos de esta revisión deben manejarse como los costos de un caso de apelación. Estos costos pueden cobrarse de la misma forma en que normalmente se cobran las sentencias de dinero, o de la manera que el tribunal considere adecuada según el caso.

Esta ley establece las circunstancias en las que una pequeña empresa o una persona con licencia (licenciatario) puede recuperar ciertos costos legales de una agencia reguladora estatal si ganan un caso judicial contra la agencia. Para que esto ocurra, las acciones de la agencia deben carecer de una base razonable. Las pequeñas empresas y los licenciatarios pueden obtener hasta $7,500 para cubrir las costas judiciales, los honorarios de abogados y otros gastos relacionados. Existen criterios específicos que definen lo que califica como pequeña empresa, basados en los ingresos y el tamaño. Además, la agencia debe informar los gastos otorgados al Departamento de Finanzas y a la Legislatura cada año fiscal. La ley se denomina Ley Carpenter-Katz de Igualdad de Acceso a la Justicia para Pequeñas Empresas de 1981.

Si demandas a un arquitecto, ingeniero, diseñador de edificios o agrimensor en California por errores en su trabajo, estos profesionales pueden solicitar, en un plazo de 30 días, que deposites hasta $500 como garantía para cubrir sus gastos de defensa legal. Deben demostrar al tribunal que tu demanda parece infundada y que no sufrirías dificultades económicas al depositar el dinero. Esto no se aplica si tu demanda es por lesiones físicas o muerte, y no puede usarse en tribunales de menor cuantía. Si hay varios demandados, la garantía total puede aumentar hasta $3,000. Si tu caso es desestimado o pierdes, podrías tener que pagar los gastos de defensa, con un límite igual al monto de la garantía que depositaste.

Esta sección de la ley explica que si usted demanda a ciertos profesionales con licencia en California, como médicos o enfermeras, por errores o negligencia, ellos pueden pedirle al tribunal que usted deposite una garantía de hasta $500. Este monto sirve como una garantía de que usted cubrirá parte de sus costos legales si se determina que su caso no tiene fundamento. Si hay varios demandados, se le podría exigir pagar hasta $1,000. El tribunal solo pedirá este depósito si cree que usted puede pagarlo y que no tiene un caso legítimo. Si no está en un tribunal de reclamos menores, y el tribunal ordena el depósito, debe pagarlo o su caso podría ser desestimado. Además, si pierde el caso, deberá cubrir los costos judiciales del demandado hasta el monto de su depósito.

Si una persona sin licencia causa lesiones o daños al ofrecer bienes o servicios que requieren una licencia, podría tener que pagar el triple de los daños en una demanda. Este monto adicional tiene un límite de $10,000. Sin embargo, esta regla no se aplica a alguien que creyó razonablemente tener licencia, tenía una licencia vencida pero podía renovarla, o a profesionales de la salud que actúan dentro de los límites de su licencia. La ley no modifica los derechos o recursos legales existentes.

Esta sección permite a un demandado solicitar al tribunal que exija a un demandante que reside fuera de California o es una sociedad extranjera que deposite dinero como garantía para cubrir posibles costas judiciales y honorarios de abogado. El demandado debe demostrar que hay una buena probabilidad de que gane el caso y explicar los costos esperados con pruebas. Si el tribunal está de acuerdo, el demandante debe pagar en un plazo de 30 días o corre el riesgo de que su caso sea desestimado. Si el demandado solicita este depósito de garantía rápidamente, el tribunal podría suspender el caso hasta que se resuelva. Sin embargo, estas decisiones no afectan las cuestiones de fondo del caso, y si se aprueban o deniegan, estas órdenes no pueden ser apeladas.

Si usted está demandando para que le paguen por un trabajo que hizo y la cantidad que reclama es de $300 o menos (sin contar los intereses), el tribunal también puede hacer que la otra parte pague los honorarios de su abogado, pero estos honorarios no pueden ser más del 20% de la cantidad que gane.

Esta sección explica quién se considera una "parte vencedora" en un juicio y sus derechos en cuanto a la recuperación de los costos. Aclara los términos "demanda", "demandado" y "demandante", incluyendo variaciones como la contrademanda y el contrademandado. La "parte vencedora" puede ser quien gana dinero, un demandado que logra un sobreseimiento, o un demandado cuando ninguna de las partes gana. Los tribunales pueden decidir quién es la parte vencedora si hay resultados no monetarios involucrados y tienen la facultad de decidir cómo se comparten los costos. En general, si usted gana, tiene derecho a recuperar los costos a menos que haya acordado un arreglo diferente.

Esta sección de la ley explica cómo se deciden los costos legales en ciertos casos civiles. Si una parte gana un caso que podría haberse manejado en un tribunal de menor cuantía, el juez puede usar su criterio para decidir sobre los costos. En casos civiles de cuantía limitada, si el ganador pudo haber llevado el caso a reclamos menores pero no lo hizo, el juez podría optar por otorgarle algunos, todos o ninguno de los costos. Si el caso no pudo ir a reclamos menores, los costos generalmente cubrirán las tasas de presentación, las tasas de notificación y, posiblemente, los honorarios de abogados, pero solo si el demandante informó al demandado sobre los posibles costos de antemano por escrito.

Esta ley enumera qué costas pueden recuperarse en un litigio conforme a la Sección 1032. Las costas que pueden reclamarse incluyen elementos como tasas de presentación, de jurado, de declaraciones juradas y de notificación de documentos judiciales. También cubre gastos de peritos, transcripciones judiciales y servicios de intérprete. Algunas tasas de documentos electrónicos pueden recuperarse si el tribunal lo exige. Los honorarios de abogados pueden incluirse si un contrato o la ley lo permite. Las costas deben ser necesarias y razonables para el caso y aprobadas por el tribunal. Sin embargo, costas como los honorarios de peritos no ordenados por el tribunal, los gastos de investigación y los gastos básicos de oficina como el correo no suelen ser recuperables. El tribunal tiene la discreción de decidir si pueden reclamarse costas no enumeradas.

Esta sección explica que cualquier costo que desee reclamar antes de que se tome una decisión judicial debe seguir las reglas establecidas por el Consejo Judicial. Además, el Consejo Judicial decide las reglas sobre qué costos se pueden reclamar si decide apelar una decisión judicial y cómo reclamarlos.

Si alguien gana un caso judicial para desalojar a un inquilino, y paga al sheriff o al alguacil los costos para llevar a cabo el desalojo, puede solicitar un reembolso de esos costos. Para ello, debe seguir reglas específicas establecidas por el Consejo Judicial.

Esta ley establece que si una persona gana un caso de expropiación inversa —que ocurre cuando el gobierno toma una propiedad sin pagar una compensación justa— el tribunal debe asegurarse de que se le reembolsen los gastos que tuvo que pagar durante el proceso. Esto incluye los honorarios de su abogado, los costos de tasación y los de ingeniería, siempre y cuando el tribunal considere que estos gastos son razonables y necesarios.

Esta ley explica que, en ciertos casos civiles, si el demandado gana un juicio contra la otra parte, el tribunal decidirá si la parte perdedora tenía causa razonable y actuó de buena fe al iniciar el caso. Si no es así, el tribunal puede ordenar a la parte perdedora que pague los costos de defensa del demandado, como los honorarios de abogados y peritos. Este proceso solo está disponible si el demandado lo solicitó antes de que se disuelva el jurado o se dicte la sentencia. Si no presenta una moción a tiempo, aún puede iniciar una demanda separada por procesamiento malicioso más adelante. La ley se aplica solo si se conceden mociones legales específicas como la sentencia sumaria o el veredicto dirigido.